*Pide mantener sin cambios la “prisión preventiva” para delitos muy graves
24-08-2022
La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que en su próximo fallo sobre la constitucionalidad de la “prisión preventiva”, se mantenga en los términos actuales, establecidos en el artículo 19 constitucional desde el año 2008.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, sealó la Segob en un comunicado.
De acuerdo a la misiva, firmada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, Estela Ríos González, es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de alta gravedad:
“Abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción —tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones—, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
Asimismo consoderaron que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, “generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
